Madrid, a 15
de marzo de 2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante
este comunicado muestra su preocupación por la falta de protección que se
mantiene en centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real
Decreto publicado la noche de ayer por el que se declara el estado de alarma
por el COVID-19.
Desde hace días en los centros de trabajo de este sector
(Contact Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas
obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar servicios
no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como servicios
mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las multinacionales que
los tienen subcontratados.
Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA,
Telefónica, Vodafone, Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, Caixa Bank, Leroy
Merlin, Mafre, Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras,
ofrecen teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas,
pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar servicio
temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas
subcontratas, entre las que destacan grandes empresas proveedoras de
telemarketing que facturan centenares de millones de euros como Konecta,
Atento, Mayorel, Digitex, Transcom, Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar
esta situación en los términos recogidos en la normativa sobre salud laboral
como un riesgo grave o inminente. En estos centros de trabajo, las personas
trabajan a menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y
las aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios
masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no se
pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto de
trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las
empresas de la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo.
En Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se concentran la
mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados de Coronavirus en
multitud de centros de trabajo, y en prácticamente todos existen personas en
cuarentena a las que desde hace días la sanidad pública no hace la prueba
diagnóstica por la saturación de los servicios sanitarios. Los casos se
multiplican exponencialmente, y ya están llegando al resto de CCAA, pero la
codicia de las empresas de telemarketing se hace patente cada día que pasa.
Las
empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el peligro de
contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad de sus servicios
de prevención que están haciendo dejación de funciones y se están negando a
interrumpir la actividad y dejar que a las personas abandonen de inmediato los
centros de trabajo. Esto es lo que les estamos pidiendo unánimemente las
organizaciones sindicales a través de nuestras delegadas y delegados. Cascos
compartidos, centros masificados para una actividad no esencial, son
constantes, y la actividad no está paralizada.
El gobierno, que conoce esta
situación, podría haber obligado a que las empresas de telemarketing
justificaran el estricto cumplimiento de los artículos 14 y 21 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. También podría haber obligado a las empresas
con este tipo de aglomeraciones de personas trabajadoras a justificar ante la
autoridad laboral el carácter esencial de sus obras y servicios y tampoco lo ha
hecho. CGT denuncia que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata,
se situaría del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus
subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este caso
personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT se va a dirigir de
inmediato al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de trabajo para que el
gobierno rectifique y, de inmediato, cumpla con sus obligaciones, dada la falta
de reacción de las empresas. Nos va la salud de ello a todas las personas de
este país.
Copyright © Sector Federal de Telemarketing
Madrid, a 15 de marzo
de 2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante este comunicado
muestra su preocupación por la falta de protección que se mantiene en
centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real
Decreto publicado la noche de ayer por el que se declara el estado de
alarma por el COVID-19.
Desde hace días en los centros de trabajo de este sector (Contact
Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas
obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar
servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como
servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las
multinacionales que los tienen subcontratados.
Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone,
Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, Caixa Bank, Leroy Merlin, Mafre,
Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras, ofrecen
teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas,
pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar
servicio temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que destacan
grandes empresas proveedoras de telemarketing que facturan centenares de
millones de euros como Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom,
Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar esta situación en los
términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo
grave o inminente. En estos centros de trabajo, las personas trabajan a
menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las
aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios
masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no
se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto
de trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas
de la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo. En
Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se
concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados
de Coronavirus en multitud de centros de trabajo, y en prácticamente
todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la
sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los
servicios sanitarios. Los casos se multiplican exponencialmente, y ya
están llegando al resto de CCAA, pero la codicia de las empresas de
telemarketing se hace patente cada día que pasa.
Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el
peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad
de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones
y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que a las
personas abandonen de inmediato los centros de trabajo. Esto es lo que
les estamos pidiendo unánimemente las organizaciones sindicales a través
de nuestras delegadas y delegados. Cascos compartidos, centros
masificados para una actividad no esencial, son constantes, y la
actividad no está paralizada.
El gobierno, que conoce esta situación, podría haber obligado a que las
empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los
artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También
podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de
personas trabajadoras a justificar ante la autoridad laboral el carácter
esencial de sus obras y servicios y tampoco lo ha hecho. CGT denuncia
que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría
del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus
subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este
caso personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT se va a dirigir de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la
Inspección de trabajo para que el gobierno rectifique y, de inmediato,
cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas.
Nos va la salud de ello a todas las personas de este país.
Leer más: https://www.cgt-telemarketing.es/blog/1135-el-gobierno-no-limita-las-concentraciones-de-personas-que-se-dan-en-los-centros-de-trabajo-de-telemarketing.html
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de 2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante este comunicado
muestra su preocupación por la falta de protección que se mantiene en
centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real
Decreto publicado la noche de ayer por el que se declara el estado de
alarma por el COVID-19.
Desde hace días en los centros de trabajo de este sector (Contact
Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas
obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar
servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como
servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las
multinacionales que los tienen subcontratados.
Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone,
Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, Caixa Bank, Leroy Merlin, Mafre,
Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras, ofrecen
teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas,
pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar
servicio temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que destacan
grandes empresas proveedoras de telemarketing que facturan centenares de
millones de euros como Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom,
Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar esta situación en los
términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo
grave o inminente. En estos centros de trabajo, las personas trabajan a
menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las
aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios
masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no
se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto
de trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas
de la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo. En
Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se
concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados
de Coronavirus en multitud de centros de trabajo, y en prácticamente
todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la
sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los
servicios sanitarios. Los casos se multiplican exponencialmente, y ya
están llegando al resto de CCAA, pero la codicia de las empresas de
telemarketing se hace patente cada día que pasa.
Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el
peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad
de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones
y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que a las
personas abandonen de inmediato los centros de trabajo. Esto es lo que
les estamos pidiendo unánimemente las organizaciones sindicales a través
de nuestras delegadas y delegados. Cascos compartidos, centros
masificados para una actividad no esencial, son constantes, y la
actividad no está paralizada.
El gobierno, que conoce esta situación, podría haber obligado a que las
empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los
artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También
podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de
personas trabajadoras a justificar ante la autoridad laboral el carácter
esencial de sus obras y servicios y tampoco lo ha hecho. CGT denuncia
que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría
del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus
subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este
caso personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT se va a dirigir de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la
Inspección de trabajo para que el gobierno rectifique y, de inmediato,
cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas.
Nos va la salud de ello a todas las personas de este país.
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de 2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante este comunicado
muestra su preocupación por la falta de protección que se mantiene en
centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real
Decreto publicado la noche de ayer por el que se declara el estado de
alarma por el COVID-19.
Desde hace días en los centros de trabajo de este sector (Contact
Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas
obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar
servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como
servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las
multinacionales que los tienen subcontratados.
Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone,
Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, Caixa Bank, Leroy Merlin, Mafre,
Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras, ofrecen
teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas,
pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar
servicio temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que destacan
grandes empresas proveedoras de telemarketing que facturan centenares de
millones de euros como Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom,
Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar esta situación en los
términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo
grave o inminente. En estos centros de trabajo, las personas trabajan a
menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las
aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios
masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no
se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto
de trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas
de la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo. En
Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se
concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados
de Coronavirus en multitud de centros de trabajo, y en prácticamente
todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la
sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los
servicios sanitarios. Los casos se multiplican exponencialmente, y ya
están llegando al resto de CCAA, pero la codicia de las empresas de
telemarketing se hace patente cada día que pasa.
Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el
peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad
de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones
y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que a las
personas abandonen de inmediato los centros de trabajo. Esto es lo que
les estamos pidiendo unánimemente las organizaciones sindicales a través
de nuestras delegadas y delegados. Cascos compartidos, centros
masificados para una actividad no esencial, son constantes, y la
actividad no está paralizada.
El gobierno, que conoce esta situación, podría haber obligado a que las
empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los
artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También
podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de
personas trabajadoras a justificar ante la autoridad laboral el carácter
esencial de sus obras y servicios y tampoco lo ha hecho. CGT denuncia
que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría
del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus
subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este
caso personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT se va a dirigir de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la
Inspección de trabajo para que el gobierno rectifique y, de inmediato,
cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas.
Nos va la salud de ello a todas las personas de este país.
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de 2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante este comunicado
muestra su preocupación por la falta de protección que se mantiene en
centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real
Decreto publicado la noche de ayer por el que se declara el estado de
alarma por el COVID-19.
Desde hace días en los centros de trabajo de este sector (Contact
Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas
obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar
servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como
servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las
multinacionales que los tienen subcontratados.
Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone,
Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, Caixa Bank, Leroy Merlin, Mafre,
Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras, ofrecen
teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas,
pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar
servicio temporalmente por motivos sanitarios.
Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que destacan
grandes empresas proveedoras de telemarketing que facturan centenares de
millones de euros como Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom,
Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar esta situación en los
términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo
grave o inminente. En estos centros de trabajo, las personas trabajan a
menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las
aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios
masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no
se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto
de trabajo.
CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas
de la máxima información sobre los riesgos que se están produciendo. En
Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se
concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados
de Coronavirus en multitud de centros de trabajo, y en prácticamente
todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la
sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los
servicios sanitarios. Los casos se multiplican exponencialmente, y ya
están llegando al resto de CCAA, pero la codicia de las empresas de
telemarketing se hace patente cada día que pasa.
Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el
peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad
de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones
y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que a las
personas abandonen de inmediato los centros de trabajo. Esto es lo que
les estamos pidiendo unánimemente las organizaciones sindicales a través
de nuestras delegadas y delegados. Cascos compartidos, centros
masificados para una actividad no esencial, son constantes, y la
actividad no está paralizada.
El gobierno, que conoce esta situación, podría haber obligado a que las
empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los
artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También
podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de
personas trabajadoras a justificar ante la autoridad laboral el carácter
esencial de sus obras y servicios y tampoco lo ha hecho. CGT denuncia
que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría
del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus
subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, es este
caso personal subcontratado, feminizado y altamente precario.
CGT se va a dirigir de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la
Inspección de trabajo para que el gobierno rectifique y, de inmediato,
cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas.
Nos va la salud de ello a todas las personas de este país.
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